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Desde Miami, CICIVEN expresó preocupación porque venezolanos y otros migrantes con solicitudes de asilo o casos migratorios pendientes están siendo detenidos y perseguidos sin notificación, audiencia ni derecho a defensa.
CICIVEN, identificado como "Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela CICIVEN (Estados Unidos)", figura entre los firmantes de un pronunciamiento conjunto de organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos durante la elección presidencial venezolana del 28 de julio de 2024.
El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela rechazó categóricamente la persecución sistemática, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de dirigentes políticos opositores, especialmente del partido Vente Venezuela que lidera María Corina Machado.
En un comunicado fechado en Miami el 1 de marzo de 2024, CICIVEN saludó la decisión unánime de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que autoriza al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
VenAmérica publicó en su sección de comunicados un pronunciamiento en video de Paciano Padrón, vicepresidente de CICIVEN, en rechazo a la criminalización de la protesta en Venezuela.
El vicepresidente de CICIVEN, Paciano Padrón, respaldó al obispo auxiliar de Mérida, monseñor Luis Enrique Rojas, quien denunció a militares que pretendían quedarse con víveres y medicinas destinados a los damnificados de Tovar y del Valle del Mocotíes.
CICIVEN solicitó a organismos internacionales investigar en el terreno los crímenes registrados en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, en el contexto de los enfrentamientos en el Alto Apure.
CICIVEN rechazó los hechos ocurridos en La Victoria, estado Apure, zona fronteriza con Colombia, entre grupos identificados como disidentes de las FARC amparados por el gobierno de facto de Venezuela, y solicitó la intervención de organismos internacionales.
Walter Márquez, director general de CICIVEN, calificó de grave la crisis humanitaria en La Victoria, parroquia Urdaneta del estado Apure, y las violaciones de derechos humanos derivadas de las operaciones militares vinculadas a la protección de un sector de la disidencia de las FARC. Atribuyó responsabilidad directa por esos crímenes a Nicolás Maduro.
